Junqueras, Forn y los Jordis continuarán en prisión

El magistrado Pablo Llarena ha decidido mantener la prisión provisional sin fianza para el exvicepresidente del Govern de Catalunya Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn y para los líderes de ANC y Omnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

El juez considera que no hay riesgo de fuga y si riesgo de reiteración delictiva

Por otro lado el juez acuerda la prisión eludible bajo fianzas de 100.000 euros para cada uno de ellos para los otros 6 exconsellers de Catalunya que están en prisión.

Después del mediodía las entidades independentistas ANC y Òmnium, depositaron las fianzas y los consellers cesados saldrán de la cárcel esta tarde.

El juez les impone comparecencias semanales en el TSJ de Catalunya o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, prohibición de abandonar el país y retirada de pasaporte. Y les adviertió de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión.

En relación a la reiteración delictiva, el magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlament, cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado, y la actuación de los 10 querellados, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la “lesividad” que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones.

El juez individualiza las actuaciones de los querellados y en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart, entiende que “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”.

En ese sentido, recuerda varias actuaciones violentas como el “asedio” por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consellería catalana de Economía en Barcelona.

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“El riesgo de reiteración de sus conductas impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física”.